RESOLUCION DE LA OCTAVA GRAN MARCHA INDIGENA
Los 34 pueblos indígenas representados en sus regionales indígenas Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Central Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando(CIPOAP), Gran Consejo Tsimane (GCTs), Central Originaria del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG), Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y la Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo CONAMAQ encontrándonos en la comunidad San Isidro de la Embocada (carretera Trinidad – La Paz), a treinta y un días de iniciada la marcha, ante la decisión del gobierno de iniciar un proceso ilegal de consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con el propósito de desmovilizarnos, de confundir a nuestros hermanos indígenas del territorio, a la opinión pública nacional y de cumplir un mero formalismo legal emitimos la presente resolución.
CONSIDERANDO:
Que, el gobierno como política de Estado intenta consolidar un modelo de desarrollo capitalista subsidiario a la economía del imperialismo Brasilero imponiendo una visión de desarrollo económico excluyente de las diferentes formas de desarrollo de los pueblos indígenas y originarios en contraposición del principio constitucional de la economía plural y del vivir bien.
Que, el gobierno del Estado Plurinacional, ante la movilización en defensa de nuestro territorio iniciada el 15 de agosto del presente, ha venido ratificando en los medios de comunicación su determinación categórica y unilateral de construir la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos, “pese a quien le pese”, a través del TIPNIS.
Que, los 34 pueblos indígenas de tierras bajas y originarios de tierras altas movilizados en la “VIIl GRAN MARCHA INDIGENA POR LA DEFENSA DEL TIPNIS, LOS TERRITORIOS INDIGENAS, LA VIDA, LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS” desde antes y durante de la movilización hemos expresado nuestra voluntad de diálogo y el carácter pacífico de nuestra marcha, sin embargo, el gobierno ha desplegado una campaña mediática de descalificación de nuestra movilización, con variados descalificativos, distorsionando nuestra plataforma de demandas, con acusaciones temerarias hacia algunos dirigentes indígenas y la movilización de grupos de choque en las poblaciones por las que atraviesa nuestra marcha con la intención de obligarnos a aceptar las condiciones que nos impone el gobierno en un falso diálogo bajo presión.
Que, ante la falta de voluntad del gobierno de atender los planteamientos centrales de nuestra plataforma de la marcha, ha planteado como estrategia el desarrollo de un proceso ilegal de consulta, por ejecutarse de mala fe, fuera de tiempo y al no tener carácter vinculante. Sabiendo que los procesos de consulta de acuerdo a la legislación del Estado Plurinacional y los convenios internacionales deben hacerse con carácter previo y de buena fe, buscando el consentimiento y respetando las estructuras organizativas naturales de los pueblos indígenas, principios que están siendo quebrantados dado que los representantes naturales del TIPNIS se encuentran fuera de su territorio movilizados en la marcha.
POR TANTO:
Los 34 pueblos indígenas de tierras bajas aglutinados en las 12 regionales afiliadas a la CIDOB y las naciones originarias de tierras altas aglutinadas en el CONAMAQ movilizados en la octava marcha en uso de nuestras legítimas atribuciones.
RESOLVEMOS:
PRIMERO.- Respaldamos la Resolución del TIPNIS de rechazo al proceso ilegal de consulta que el gobierno del Estado Plurinacional está desarrollando, con el fin de cumplir un formalismo y justificar de forma unilateral su decisión de construir la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Mojos.
SEGUNDO: Exigimos al gobierno del Estado Plurinacional que cumpla la Constitución Política del Estado restituyendo nuestro derecho a la consulta previa conforme lo establecen las Leyes Nº 1257 y Nº 3760; es decir, que se realice de buena fe, sin que exista presión, libremente, a través de nuestras normas y procedimientos propios y fundamentalmente que se respete nuestra decisión.
TERCERO: Denunciamos ante la Defensoría del Pueblo, Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de esta acción ilegal y de mala fe, promovidas por el gobierno; por ello, pedimos que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las 69 comunidades indígenas Mojeño, Yuracaré y Tsimane del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS.
Por la unidad de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia!!!
Es dado en la comunidad San Isidro de la Embocada, a los quince días del mes de septiembre de dos mil once años.
