Raúl Prada Alcoreza
La determinación del gobierno de construir la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica en el país y la reacción de las organizaciones indígenas del CIDOB y el CONAMQ, que han resuelto marchar el 15 de agosto para evitar que el trazo de la carretera pase por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo además la consulta a los pueblos indígenas, como está establecida en la Constitución Política del Estado. El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure está protegido por leyes y la Constitución, además de ser parque, por lo tanto área protegida, es territorio indígena, y exige el respeto establecido constitucionalmente de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de Tiquipaya, con la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), las mismas que prohíben la explotación en bosques, así como plantean claramente la defensa de los ecosistemas y los ciclos vitales integrados. En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, los ciclos del agua, por lo tanto de las cuencas, los ciclos del suelo, los ciclos de los bosques, los ciclos del aire, los ciclos de los seres, concebidos como componentes de la Madre Terra. Por todas estas razones es inconcebible, desde el punto de vista de la Constitución y desde la perspectiva del Vivir Bien, además del enfoque de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, la determinación del gobierno de construir la carretera que atraviese el TIPNIS.
El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar supuestamente resueltas desde la aprobación de la Constitución; no lo están, pues el gobierno y sectores interesados en promover el nombrado “desarrollo” parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución y el sentido del proceso constituyente. Una visión nacionalista restaura el Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo extractivista, fortaleciendo de este modo las cadenas de la dependencia, instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo, método violento de la expansión capitalista. Este debate debe ser tomado en cuenta plenamente, considerando el momento del proceso, que se encuentra en crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del proceso, con todas sus contradicciones y dinámicas moleculares. Sobre todo el debate debe traer a colación una reflexión profunda sobre los procesos en curso y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal, buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de la descolonización.
La historia legal data de 1965 cuando la Ley 07401 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure. En el texto de la argumentación se habla de la “necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la colonización”. Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán. Desde entonces se conoce el Parque como TIPNIS; el mismo decreto amplía su superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; de este modo se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, conformando así una franja de amortiguamiento. Este mismo año se reconoce el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo 19 años más tarde, el año 2009, debido a la presión de los colonizadores, el presidente Evo Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena y del parque a 1.091.656 hectáreas. Como compensación se define una línea roja que prohíbe nuevos asentamientos. Al respecto no hay que olvidar que el TIPNIS no deja de ser área protegida.
La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); el IIRSA tiene su origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre de 2000 en Brasilia por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por ser una consecuencia de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la consolidación de valores comunes. El IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto IIRSA habla de integración entre los países involucrados, desde el comienzo se han hecho sentir voces que acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos de América, también se han hecho escuchar críticas que califican al proyecto también como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil. La carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y por lo tanto también del proyecto IIRSA. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva para la construcción de la mentada carretera, comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Se entiende que por lo complicado de la situación al afectar el área protegida, el parque y el territorio indígena, se decide hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental. El tramo uno y el tramo tres se aprueban rápidamente, tramos que no atraviesan el parque, quedando pendiente el tramo dos que sí atraviesa el parque. Esta maniobra es notoria pues adelanta partes de un trazo comprometido, condicionando la aprobación del tramo II. Sin embargo, ante la inminente construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas asentadas el territorio en cuestión y las organizaciones indígenas del país, reaccionan exigiendo consulta previa a los pueblos y comunidades, además de un tramo que no atraviese el Parque Isiboro-Sécure. A pesar de la crónica del anunciado conflicto, en junio de 2011 ante una concentración campesina cocalera en Eterazama (Cochabamba), el presidente Evo Morales dio por iniciada la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La señalada carretera tiene una longitud de 306 kilómetros, la misma que será construida en tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por los conflictos ambientales ocasionados. El presidente en su discurso expresó que esta obra promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país con Sudamérica. La construcción de esa vía y otras obras complementarias demandarán una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
El conflicto está planteado, por un lado el gobierno, con el propósito de construir la carretera que atraviesa el TIPNIS, por otro lado las organizaciones y los pueblos indígenas, que exigen consulta previa y que se haga otro trazo de la carretera para no afectar al ecosistema y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hacen las transformaciones institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se efectúa la transición transformadora y más bien se opta por proyectos que repiten los mismos estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas? El debate compromete la estructura y la dirección misma del proceso. Por eso mismo es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en torno al TIPNIS.
Hipótesis
En el debate se han planteado algunas explicaciones del obsecuente comportamiento del gobierno. El más conocido es el que tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, haciendo entrever también las consecuencias de la desforestación; esta ampliación está directamente conectada con la expansión de los cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del territorio indígena por parte de productores de coca, ocasionando invasión y desforestación; esta expansión ya era conocida el 2004. La contención ante este avance se estableció mediante una línea roja dibujada el 2009, prohibiendo toda nueva expansión. Sin embargo, ante la construcción de la carretera se esperan nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y del cultivo de coca. Otra explicación manejada en el debate es la de la supeditación del gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto emergente de la burguesía brasilera, en el momento de la urgencia energética de Brasil como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante de PETROBAS en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas brasileras constructoras de caminos y de infraestructura, así como la participación de una empresa brasilera en el proyecto de San Buena Aventura. Por otra parte, este condicionamiento también explicaría ciertas analogías entre los gobiernos “progresistas” de Bolivia y Brasil; estas analogías tienen que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con políticas extractivistas y neo-extractivistas, así como con la permanencia de prácticas monetaristas y hasta neoliberales. La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno, con los banqueros, la empresa privada, los agroindustriales de Santa Cruz, los soyeros, es decir la burguesía intermediaria boliviana. Estas alianzas económicas muestran el efectivo proyecto en el que se encamina el gobierno, pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro, lo que se habría logrado, a un modelo económico viable asentado en los grupos económicos que supuestamente “saben” producir y pueden “garantizar” la mentada “seguridad alimentaria”, incluso ratificada por los propios agroindustriales. Estas nuevas alianzas dejan en un segundo plano o, en el peor caso, al margen, a las comunidades campesinas. Estas alianzas económicas pueden explicar un proyecto de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la burguesía agraria al proyecto gubernamental. Todo esto termina siendo coherente con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado, como romanticismo, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se ha ventilado la hipótesis de la posible existencia de reservas hidrocarburíferas en el TIPNIS. Es el propio Ministro de Hidrocarburos y Energía el que ha manifestado esta posibilidad. Situación que pone aun en un más grave peligro al TIPNIS. Independientemente de la contrastación de esta hipótesis, lo que se hace evidente es el peso primordial que ha adquirido el modelo extractivista en las estrategias económicas del gobierno. Con lo que nos habríamos alejado definitivamente del Vivir Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y complementaria de la economía plural, en transición a la economía social-comunitaria y al Vivir Bien.
Ahora bien, ¿por qué estaría pasando todo esto? Todas estas explicaciones requieren de una hipótesis sobre la dinámica contradictoria del proceso. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis al respecto es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial. Se ha mas bien restaurado toda esta maquinaria sedimentada por capas, estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de las reformas institucionales modernas. Lo que hace este Estado al ser restaurado es reproducir sus múltiples formas de dominación y reencaminar la continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos induciendo determinados comportamientos funcionales al sistema nacionalista, liberal y colonial. También se reproducen las relaciones de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al sistema financiero, que es el centro de la dominación imperial y capitalista, el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos extranjeros, hablan de este sometimiento de la periferia al centro de la economía-mundo capitalista. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los engranajes y redes de las empresas trasnacionales; por el condicionamiento de sus monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, de sus mecanismos, procedimientos y agenciamientos de influencia, terminan imponiendo sus estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del gobierno. Esto es una parte de la reproducción del Estado, su funcionamiento implica otras más; sin necesidad de recaer en una descripción exhaustiva es menester mencionar algunas más que tienen que ver con agenciamientos vinculados a la economía política del chantaje. Es sabido que los estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información, sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que corroe las propias prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se convierte en un botín para grupos fortuitos de poder. Esta red de relaciones perversas forma parte de los recovecos de una maquinaria estatal que chirria al funcionar. Este diagrama de poder de la corrupción forma parte de la vida cotidiana de los Estado. Cuando no se resuelve la cuestión estatal, cuando no se desmantela esta maquinaria, cuando se deja intacta su arquitectura, también se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder. Obviamente el panorama se complica cuando ampliamos la perspectiva a los circuitos del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, tráfico de tierras, vienen acompañando a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito. El problema se hace agudo cuando de los márgenes de la economía y los márgenes del Estado estos circuitos se incrustan en los espacios y núcleos de realización de la economía formal, como la banca, cuando terminan incrustándose en las organizaciones mismas de las instituciones. En este caso el Estado se encuentra invadido. Esto pasa en estados vulnerables, pero también llega a pasar en estados no vulnerables, con tradiciones de institucionalización de larga data; esto pasa en modelos liberales y neoliberales, tanto de la periferia como en algunos países del centro de la geografía del sistema-mundo y la economía mundo capitalista. Empero, lo que no neja de ser sorprendente es que esta corrosión termine ocurriendo en gobiernos que tienen la responsabilidad de las transiciones hacia el poscapitalismo. Es esto lo que hay que explicar, es indispensable entender las razones que conducen a un gobierno popular a repetir la increíble y triste historia del otoño del patriarca. En esta perspectiva, en la búsqueda de las condicionantes y los tendencias inherentes a las dinámicas moleculares del proceso, debemos también identificar otras prácticas sintomáticas en esta fabulosa reproducción de la maquinaria estatal. Sobresalen entre estas prácticas las relaciones de subordinación y cooptación de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de movimientos sociales de envergadura, como las que se dieron durante el periodo 2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas. Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones cupulares que se toman en el gobierno. Esta relación de subordinación de las organizaciones sociales terminan convirtiéndose en relaciones prebéndales, comprometiendo a la dirigencia ejecutiva en beneficios compartidos y controlados por las instituciones gubernamentales o estatales. Estas prácticas se parecen mucho a las prácticas de gobiernos y partidos populistas con las organizaciones sociales y dirigencias, particularmente, en lo que respecta a Bolivia, se parece mucho a las prácticas del MNR durante los 12 años de gobiernos del nacionalismo revolucionario (1952-1964). Estas prácticas prebéndales muestran un mapa más complejo de las estructuras de poder, las organizaciones sociales, los sindicatos, terminan participando del lucro del poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal, menos estratégica. Lo que cuenta aquí es la extensión de los engranajes y los mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino también como potencia y como aprovechamiento, aunque sólo terminen haciéndolo las dirigencias. De esta manera se trabó y quebrantó la posibilidad de participación y control, de conducción colectiva, por parte de las organizaciones sociales, afectando a las masivas fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales, que son el sostén y la defensa misma del proceso.
