Por: Jorge Cortés Rodríguez
1. Estadísticas e inferencias básicas.
Según el Censo Nacional del año 2001, el 62 % de la población se auto identificó como indígena. De ese 62 %, los quechuas y aymaras son el 92%. Los Chiquitanos, Guaraníes y Mojeños el 7% y las 31 otras naciones que conforman el Estado Plurinacional, el 1%. Los pueblos de tierras bajas, con la excepción de los tres citados, son muy pequeños al punto de que hay al menos 8 “naciones” con menos de 100 individuos. Es decir, así como hay grandes mayorías indígenas, también existen grandes minorías.
El peso demográfico de quechuas y aymaras les permite constituir la primera fuerza política del país, con protagonismo de primer orden en la economía, la vida social, académica y cultural. En lo económico, conforman la ancha banda de la llamada “economía informal” con todos sus sesgos y virtudes, luces y sombras.
El Censo no lo señala, pero es fácil estimar que quechuas y aymaras son también mayoría indígena en las mismas tierras bajas del país. Sus migraciones comenzaron masivamente en 1953, en el marco del proceso de la Reforma Agraria de dicho año. Se organizan en sindicatos y federaciones que hasta hace poco se llamaron de “colonizadores”. Ahora han cambiado ese nombre por el de “Comunidades Interculturales”. Con sus propias peculiaridades, los colonizadores avanzan hacia la Amazonía por el corredor “este”, desde La Paz, Caranavi, Yucumo, Rurrenabaque, Riberalta, Cobija; y por el “oeste”, por la vía de Santa Cruz. El bloque colonizador más fuerte y tradicional, el del Chapare, con todo lo que significa, esta “bloqueado” en su marcha al norte precisamente por el TIPNIS.
Hasta el año 2005 existió un Ministerio de Asuntos Indígenas que apoyaba diferentes gestiones, especialmente a favor de los pequeños pueblos mencionados. Desde 2006 ese Ministerio ha sido cerrado y no existe un organismo estatal especializado en estos asuntos. De un tiempo a esta parte, los pueblos y las organizaciones indígenas de las tierras bajas se quejan de la falta de atención gubernamental y, por distintos motivos, se han suscitado conflictos y marchas.
2. El TIPNIS.
Desde la visión indígena, el TIPNIS quiere decir, en primer lugar, Territorio Indígena. Luego, Parque Nacional Isiboro Sécure (en alusión a los ríos que lo delimitan, el Isiboro al sur y el Sécure al norte). Es el primer territorio indígena conquistado en Bolivia, luego de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, liderada por el pueblo mojeño, durante el gobierno de Paz Zamora. Es además el más grande con algo más de un millón de hectáreas de superficie. Dicha marcha, además de lograr que se les conceda territorios permitió a estos pueblos, por primera vez en nuestra historia, alcanzar un protagonismo político de alcance nacional. Además introdujo el concepto de “territorio” entre las demandas indígenas, junto al de “tierra” tradicionalmente usado por las organizaciones andinas.
Además del Decreto Supremo que ese Gobierno les concedió, los indígenas lograron, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, desde Lima, que el Convenio 169 de ese Organismo fuese elevado a la categoría de Ley en Bolivia, lo que se logró el 27 de junio de 1989, con lo que consolidaban legalmente su posesión, pues la CPE de entonces no reconocía la figura de un territorio.
Como Parque Nacional fue creado en 1965. Es también el área protegida más antigua del país, creada por el gobierno de Barrientos Ortuño, sobre todo para evitar el conflicto de límites que subsiste hasta la fecha entre los departamentos de Cochabamba y el Beni sobre ese mismo territorio.
Actualmente el TIPNIS tiene una doble administración: como territorio, está formalmente a cargo de la Subcentral Indígena del TIPNIS, junto a la Subcentral de Mujeres Indígenas del TIPNIS, ambas organizaciones afiliadas y fundadoras de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni -CPEMB-[1]. Como área protegida es administrada por el Servicio Nacional de Áreas protegidas -SERNAP-. Juntos desarrollan actividades de protección y conservación, mediante Guarda Parques indígenas asalariados por el SERNAP, junto a iniciativas de aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
Está poblado por cerca de 70 pequeñas comunidades de indígenas de Trinitarios, Yuracarés y Tsimanes asentadas en las riveras de los ríos[2], lo que hace un total de algo más de 8.000 personas, siendo los Trinitartios la gran mayoría. Estos últimos son, a su vez, parte del pueblo Mojeño, uno de los tres grandes de las tierras bajas. En efecto, al norte del TIPNIS existen al menos 40.000 habitantes mojeños trinitarios, ignacianos y loretanos, además de las pequeñas poblaciones de las otras naciones. Sus organizaciones están relativamente desarrolladas. Son capaces de realizar alianzas importantes, como las que hacen en este momento con la APG de los Guaraníes y, con el CIDOB, que reúne a todos los otros pueblos pequeños. Con todo, no tiene la envergadura de las organizaciones de colonizadores ni de los indígenas andinos.
En términos ambientales, el TIPNIS ocupa parte de la ladera oriental de la cordillera andina, considerada uno de los 15 lugares mega diversos en el mundo, con innumerables especies de flora y fauna endémica. Se trata de una de los ecosistemas menos intervenidos por la acción humana en Bolivia, sino del mundo. Al mismo tiempo, en su territorio está la cuenca alta de gran parte de los ríos que conforman el Mamoré. Una carretera perpendicular a su curso tendrá consecuencias en el régimen estacional de inundaciones en el departamento del Beni. Naturalmente tiene además muy diversos tipos de maderas, tierras, minerales, petróleo y recursos naturales en general y, por si fuera poco, es zona roja de narcotráfico.
Por ello, es un lugar codiciado. Desde hace unos 30 años, los colonizadores del Chapare tratan de avanzar sobre él. Ya han logrado un enclave importante al sur, sobre el eje de la proyectada carretera precisamente, hasta la comunidad trinitaria de Santísima Trinidad. Las escaramuzas entre colonos e indígenas son violentas y constantes. El TIPNIS es visto por los colonos como una creación de los gobiernos “neoliberales” para impedir su avance. Desde el norte, hacendados ganaderos y empresarios madereros desde el Beni también intentan hacerse de estos recursos. La presencia del narcotráfico le otorga a su vez una nueva y peligrosa peculiaridad a su ya compleja realidad.
A lo anterior debe agregarse el conflicto de límites interdepartamentales mencionado que periódicamente agita a la región y a los departamentos involucrados, que lo reclaman como suyo. En la práctica, las correspondientes gobernaciones no tienen presencia en él, como tampoco los municipios de san Ignacio de Mojos del Beni y el de Villa Tunari en Cochabamba, que hacen lo propio.
Pero el TIPNIS es más que eso: es el espacio donde se ha reconstituido el pueblo mojeño, revalorizando y desarrollando su cultura amenazada ya a fines del siglo XIX por la expansión del auge gomero. En ese tiempo, la economía de la goma arrasó con las poblaciones indígenas “enganchándolas” literal y económicamente a ese proceso. El pueblo mojeño recurrió entonces a una respuesta desde su propia cultura: el movimiento de la Loma Santa. Por este movimiento de tipo mesiánico, los mojeños, muchas veces acompañados por familias de otras naciones indígenas, dejaron las antiguas reducciones jesuíticas ocupadas por los mestizos bolivianos y marcharon al monte, a sus antiguos territorios, de donde había sido sacados por aquellos misioneros, en busca de un lugar mítico, la Loma Santa, donde podrían encontrar su salvación eterna. En su búsqueda se organizaron, reencontraron sus viejas formas culturales y las combinaron con las jesuíticas y con las del presente. Dejaron de ser un pueblo perseguido y pasaron a ser en pueblo en búsqueda de su destino. A su manera, la conquista formal del TIPNIS reafirma este proceso. El TIPNIS es, en definitiva, el último lugar de este planeta donde pueden vivir como ellos quieren ser, como indígenas, en el marco de su cultura.
En suma, el TIPNIS, en el centro geográfico del país, constituye una de los territorios más complejos y controvertidos del país. Por las razones expuestas y otras, no es cualquier territorio: es el territorio indígena por antonomasia y el símbolo territorial de todos los pueblos indígenas de la Amazonía. Para los Mojeños, Yuracarés y T´Simanes, su última esperanza de vida.
3. La carretera y sus procedimientos.
El problema de la carretera no es encontrar argumentos que la justifiquen. Estos existen y no hace falta mencionarlos aquí. Se trata de una antigua ambición de los pueblos de Cochabamba y el Beni que data por lo menos desde el siglo XVIII. Diversos emprendimientos por abrir esta vía de comunicación carretera se ha realizado frecuentemente, aunque sin éxito, incluyendo el proyecto de la construcción de un ferrocarril, propuesto por Simón I. Patiño[3].
El problema radica en el desconocimiento de la realidad arriba mencionada. Las gestiones actuales para el actual emprendimiento y las negociaciones con el Brasil para su financiamiento se iniciaron el año 2006. Desde entonces las organizaciones indígenas del Beni y, sobre todo, la del propio TIPNIS, han buscado en vano un diálogo con el Gobierno para tratar el tema de la carretera. Nunca han sido recibidos por ninguna autoridad competente al respecto. Por su parte, el Gobierno, hasta hace muy pocos días atrás, tampoco tuvo ninguna iniciativa al respecto.
De este modo, el precepto de la actual CPE y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas[4] que determina que cualquier actividad que se desarrolle en sus territorios debe contar “con su consentimiento previo, libre e informado”, no ha sido cumplido en absoluto.
Tampoco se han cumplido con los procedimientos ambientales. No existe un estudio serio sobre el impacto ambiental que dicha carretera podría producir, especialmente en su controvertido “Tramo 2”. La controversia sobre estos asuntos ya produjo al dimisión del anterior Vice Ministro del Medio Ambiente, hace ya unos años.
4. El problema central.
Más allá de la formalidad, el temor comprensible de los indígenas del TIPNIS está no sólo en el impacto ambiental de la construcción de la carretera en sí, sino en que esta se constituya en el vehículo para la invasión, colonización y saqueo de su territorio, sobre todo si esta construcción pasa por desconocer sus derechos y autoridad en él.
En efecto, el proyecto de construcción no contempla ninguna medida de prevención y/o mitigación de impactos ambientales, ni hace referencia alguna al riesgo de la participación de terceros (colonizadores del Chapare, madereros, petroleros, narcotraficantes, etc.) en ese Territorio. Menos reconoce la autoridad y derechos de sus propietarios actuales. Por su parte, dichos “terceros” han manifestado en diversas oportunidades su interés expreso -y hasta amenazante- por este territorio.
Si se impone el proyecto actual, lo cual es posible dada la debilidad de las organizaciones indígenas y su escaso peso demográfico y político en el país, la destrucción de los bosques por la construcción de la carretera será sólo el primer episodio de un proceso de destrucción de todo el parque, con impactos en él y en las sabanas y sus inundaciones estacionales del Beni. Pero sobre todo, supondrá la derrota de los pueblos amazónicos en su lucha por sus derechos y sus territorios, por su propia supervivencia.
Más aun. Pondrá en duda la esencia misma del estado Plurinacional y sus políticas concomitantes (Buen Vivir, Derechos de la Madre Tierra, etc.). Los indígenas son consientes de esta realidad. Se juegan más que el TIPNIS. Pero saben que también pueden perder, que el divisionismo, las maniobras políticas y, en fin, el peso político del gobierno podría derrotarlos. Su situación es desesperada.
5. Debe evitarse este enfrentamiento.
El problema es de gran envergadura, pero puede y debe evitarse, con el concurso de todos los actores con capacidad influir en él. Los indígenas, aunque ahora están sobresaltados y angustiados, no se opusieron, en principio a la carretera como tal, sino a la invasión y sus consecuencias. Si el diálogo se hubiera dado desde el principio quizá no estaríamos donde estamos.
Un proceso de diálogo debería:
a) Comenzar por el principio: reconocer el territorio indígena y la autoridad y derechos de los indígenas sobre él. En mi opinión, debe primero que nada, restituirse la dignidad y derechos avasallados (o, si se quiere negociar: “omitidos”). Explicar el sentido de la carretera abiertamente e incluir, desde el principio, la necesidad de su participación y la incorporación de todas las medidas necesarias para proteger su territorio, sus recursos y su forma de vida y gobierno en él, garantizando que no será invadido por terceros. Estas medidas de prevención y mitigación deberían ser pate integral del proyecto y su presupuesto.
b) Explorar de manera conjunta con los indígenas (y porqué no con otros actores involucrados) otras alternativas para el curso de la carretera, para evitar que pase por el centro del parque.
c) Si esto no fuera posible y el paso de la carretera fuese técnicamente y financieramente muy difícil por otras partes, debe desarrollarse la estrategia propuesta en el punto a): buscar, diseñar, proponer y concertar medidas legales y técnicas de prevención y mitigación no solo por los daños de la construcción, sino por la temida invasión de terceros sobre ese territorio. Mecanismos serios que impidan el asentamiento de colonos, madereros, etc.
d) La defensa del medio ambiente es igualmente prioritaria. La carretera debe contar con estudios serios de impacto ambiental y medidas de mitigación en ese orden. La defensa de los derechos indígenas y de protección de la naturaleza no es exactamente lo mismo, pero se involucran y deben ser coordinadas.
d) Además de estas medidas de inmediatas, el gobierno podría ofrecer además, apoyo político y de gestión de largo plazo a las organizaciones indígenas para planes de desarrollo del área que permitan compatibilizar su vida en el marco de su cultura, con los desafíos ineludibles del presente. Proponer y desarrollar estrategias de desarrollo sostenible para el aprovechamiento de sus recursos naturales, incluyendo el petróleo, los minerales, etc.
Etc., etc.… en las oficinas de las Naciones Unidas existe personal profesional altamente capacitado que podrá elaborar mejores ideas que las aquí expuestas.
La Paz, 12 de agosto de 2011.
[1] El principal dirigente de la Sub Central Indígena del Beni y líder de esos pueblos, Adolfo Moye, acaba de ser sustituido por Fernando Vargas, hasta entonces funcionario gubernamental del SERNAP, los primeros días de agosto último pasado.
[2] Desde tiempos muy antiguos, los mojeños establecen sus comunidades o aldeas en las riveras de los ríos en un modelo de asentamientos que Block (1986) ha llamado “tendencia fluvial” que les permite el aprovechamiento de los recursos del río, incluyendo la comunicación, los de los bosques de galería cercanos y las pampas circundantes. Cambiar este modelo por el hipotético acercamiento cercano a la nueva carretera significaría una fuerte modificación de sus padrones de asentamiento espacial.
[3] El punto donde termina el Tramo I de la carretera que discutimos, sobre el río Isiboro, se llama Puerto Patiño precisamente en recuerdo a ese esfuerzo.
[4] Ese y otros muchos documentos de las Naciones Unidas, e incluso los Términos de Referencia de las consultorías más pequeñas que
sus organismos llevan a cabo con organizaciones indígenas, contienen de manera expresa esa norma básica.
