Evo Morales Ayma
Pdte. del Estado Plurinacional de Bolivia
Bolivia.-
Señor Presidente:
Saludamos a usted con respeto y expresamos nuestra valoración del grado de responsabilidad que le cabe asumir en la implementación de la Constitución Política del Estado, expresada en las leyes y programas de su gobierno. En correspondencia a ello -y en el marco de derechos y obligaciones constitucionales respecto a la libre expresión y difusión de pensamientos u opiniones- le manifestamos nuestra posición acerca de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo Tramo II atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS.
Nos anima la certeza de que será tomada en cuenta en la resolución de los problemas que ha generado dicho proyecto que, estamos seguras, usted sabrá abordar con paciente vocación democrática, ya que los profundos cambios que su gobierno postula así lo exigen:
1.- Principios. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, y deberes reconocidos y consagrados. En tal sentido, consideramos que para decidir el trazado del Tramo II de la carretera que cruza el área protegida y territorio indígena TIPNIS, el Estado debe asumir como principios de obligatorio cumplimiento los contemplados en la Ley No. 71, de Derechos de la Madre Tierra: No mercantilización; Bien Colectivo; Interculturalidad.
2.- Derechos, responsabilidades y relación con el gobierno. De otro lado, afirmamos la exigibilidad de los derechos reconocidos en tanto cualquier persona a título individual y en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, derecho que conlleva una responsabilidad vinculada a proteger la diversidad de la vida. Asimismo, es facultad y responsabilidad del Estado garantizar, respetar y proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en general y en este caso particular de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.
No existe otra forma de vinculación Estado-gobierno que no sea la del respeto a nuestra CPE, sus principios y normas, plasmadas en políticas públicas y programas de desarrollo y no existe otro modo de abordar el tema TIPNIS que no sea desde las capacidades institucionales del gobierno para garantizar, a personas y colectividades, el ejercicio de sus derechos reconocidos.
En este marco normativo, el Estado, las personas individuales y colectivas, establecemos una relación de derecho con nuestros gobiernos. Por tanto, asumimos como responsabilidad señalar que su gobierno no ha considerado adecuadamente o ignora esa relación en las políticas y en el tratamiento de la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS tramo II puesto que:
3.- Modelo de desarrollo. El énfasis en postulados desarrollistas de corte neo liberal, individualizadores y extractivistas, desconoce visiones y proyectos de vida de las naciones y pueblos indígenas del oriente y Amazonía boliviana. Las acciones que hasta ahora viene adoptando y defendiendo su gobierno en relación con la problemática del TIPNIS, muestran que no se supera el modelo impuesto por el Consenso de Washington desde mediados de los 80. Otros proyectos enmarcados en la misma visión de desarrollo son las represas del río Madera en el Brasil, el proyecto de la represa del Bala, la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, la geotermia de la Laguna Colorada, cerca del Salar de Uyuni, el Ingenio San Buena Ventura, así como el expresado en los ante proyectos de leyes de Recursos Naturales y en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.
4. Políticas, proyectos y comunidades rurales. Los macro proyectos económicos no resuelven las amenazas de los mercados. Es función y obligación de su gobierno prevenir e impedir los efectos negativos de este tipo de proyectos en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La situación de los pueblos indígenas Yuqui y Gwarayu expone tales efectos; sometidos a presiones del mercado que circula por carreteras inter departamentales que han cercenado sus territorios y afectado a su medio ambiente, bienes, usos, formas de vida, instituciones y recursos naturales, con procesos de intercambio en condiciones de injusticia, inequidad y desventaja, frente a la preeminencia de actores con acumulación de poder económico y político.
5.- Inversiones del Estado. El diseño de esta carretera, en el trazado planteado por su gobierno, antes que resolver la situación en la que viven las comunidades del TIPNIS, provocará los daños irreversibles mencionados y no resolverá, como argumentan, el acceso a la salud y a la educación de las personas. La existencia de carreteras no se constituye en sinónimo de superación de índices de pobreza y de exclusión, por el contrario, si no se previenen sus efectos negativos, hasta podrían acrecentarlos. Las carreteras por si mismas no responden a las necesidades de infraestructura comunitaria, de vinculación rural; ni a sus vínculos socio económicos ni institucionales y menos a los culturales.
6. Confrontación entre campesinos, colonos y pueblos Indígenas. ¿Qué posibilidades tienen las comunidades y pueblos indígenas en un modelo economicista, qué ventajas tiene para una cultura dejarse absorber por otras a nombre del desarrollo? Viola la Constitución Política en vigencia el enfrentamiento de dos visiones de desarrollo como se lo está haciendo, ya que también prima en el Estado Plurinacional de Bolivia el principio de interculturalidad, además de desconocer los derechos de las mujeres (en especial a la no violencia), al motivar a la colonización mediante el “enamoramiento de las mujeres indígenas”.
7.- Áreas Protegidas y Parques Naturales Enfatizamos también que las áreas protegidas, Parques Nacionales y Reservas son un bien común, colectivo y comunitario de todos los bolivianos; de toda la humanidad. Bolivia cuenta con una variedad de ecosistemas y los servicios que nos prestan no deben ignorarse en las políticas de Estado, ni excluirse bajo el falso y viejo discurso de los “desarrollistas fundamentalistas”, de que la defensa del medio ambiente solo interesa a los “ambientalistas fundamentalistas”.
Señor presidente, quienes firmamos esta carta abierta no respondemos a intereses de proyecto político alguno ni a preocupaciones foráneas dirigidas a truncar un proceso de cambios al que aportamos desde hace décadas; somos mujeres ejerciendo nuestros derechos y asumiendo responsabilidades en defensa de intereses colectivos y comunes; por lo que le solicitamos reconsidere el proyecto del gobierno sobre el segundo tramo de la carretera del proyecto IIRSA, e incluya nuestras perspectivas en proyectos que conlleven idéntica o similar problemática, escuchando a las bolivianas.
Mercedes Nostas Ardaya, Alicia Tejada, Carmen Elena Sanabria, Carmen Miranda, Verónica Villaseñor, Cecilia Moreno, Jenny Ibarnegaray, Ximena Machicao, Rosario Ribera, Sandra Aliaga, María Esther Ballerstaedt, Verónica Flores, Graciela R. López, Irene Roca, Graciela Soletzi, Doris Vidal,
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