La determinación del Gobierno de mantener la ejecución del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos haría que el comercio informal se incremente en desmedro de la ecología, según aseguró Luis Andia Fernández, analista Cruceño.
“Al momento el Gobierno no dio a conocer los proyectos y la inversión que realizarán para preservar los impactos que causaría la construcción de la carretera, fuera del medio millón de árboles que serían talados para el paso del segundo tramo, se prevé un incremento desmesurado del comercio informal, como es el caso de los productores de la hoja de coca, colonizadores y actividades propias de las ciudades como discotecas, bares y cantinas entre otras actividades como las ilícitas que no se descarta su presencia en una reserva natural que fue declarada protegida en la primera marcha de 1990”, expuso.
Por su parte, el analista Romano Paz plantea que el Gobierno debiera medir no sólo el valor económico del crecimiento de actividades formales y la inversión de la carretera sino también el impacto ambiental en contra de la única reserva ecológica del lugar, además del incremento de la actividad informal e ilícita para determinar cuál de las dos actividades genera mayores recursos al Tesoro General de la Nación (TGN) o la inversión para la protección de la biodiversidad será de mayor costo y con impactos irreversibles.
“El Gobierno debe sentarse a dialogar con las comunidades indígenas afectadas y no con otras organizaciones, que no representan a los pueblos indígenas, con quienes debe sincerarse y poner en una balanza que factores son los más favorables a la nación y no sólo a su gestión”, explicó Paz.
ACTIVIDADES INFORMALES
Ante el incremento de actividades informales que están al pendiente de la apertura de nuevos mercados y lugares donde puedan asentarse en desmedro del hábitat de las comunidades indígenas del Oriente Boliviano, inician una marcha indígena calificada de nuevo hito histórico como la realizada en 1990 bajo la premisa de “defensa de nuestra casa grande, la defensa de nuestro medio ambiente la biodiversidad y nuestros derechos como pueblo indígena”, como lo dio a conocer el presidente de la subcentral del TIPNIS Fernando Vargas.
Mientras las primeras comunidades del sector Chiman llegaron a Trinidad con la finalidad de concentrarse para participar en la marcha de la presente jornada con destino a la sede de Gobierno, la presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Bertha Bejarano, de acuerdo a una comunicación mediante una emisora local del oriente, denunció la intencionalidad del Gobierno de pretender “detener la marcha mediante a un cabildo convocado en la víspera en San Ignacio de Moxos-Beni, por parte de los representantes del Beni en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por parte del oficialismo”.
PROPUESTAS
Para Andia la única vía de solución por parte del Gobierno no es buscar mecanismos de división entre las organizaciones indígenas del Beni que se mantienen firmes en la marcha indígena convocada para la presente jornada, sino se debe buscar otras posibilidades de minimizar los impactos ambientales que generarán la construcción de la carretera.
“Como todo proyecto de carretera deben considerarse dos aspectos importantes, el primero presentar un estudio de protección ambiental al TIPNIS con la finalidad de disminuir el impacto socio ambiental que causaría la construcción del segundo tramo y demostrar la fuente de financiamiento de dicho proyecto o finalmente la segunda propuesta es de modificar el segundo tramo, con la finalidad de evitar afectar el hábitat de preservación natural. Pese a que modificar para el Gobierno significa retroceder es importante que el Ejecutivo busque la vía democrática que contemple los intereses de las organizaciones afectadas”, señaló Fernández.
A su turno, Paz planteó que el Gobierno debería recuperar su imagen internacional donde el presidente de Estado, Evo Morales, demostró una promoción de la defensa de la madre tierra, la defensa del mundo indígena y campesino, por lo tanto el interés de defender un proyecto que beneficie a empresas transnacionales contradice uno de sus principales postulados del Movimiento al Socialismo (MAS) con el que ha llegado al Poder.
“Esas contradicciones le van a generar un costo político importante, que el Gobierno se sincere con los pueblos indígenas para definir cuál es la prioridad sustancial para el país y cuanto de inversión generaría los impactos ambientales que se prevén como los avasallamientos de tierras, crecimiento de minifundios incremento de cultivos de cocales, entre otras actividades informales”, concluyó Paz.
El Diario
No hay comentarios:
Publicar un comentario