• Gobierno asegura que sólo se trata de extractos de llamadas.
Después de la presentación de informes sobre llamadas recibidas por dirigentes indígenas que participan en la marcha en defensa del TIPNIS, el gobierno afirma que se trata de extractos de llamadas legalmente obtenidos, mientras sectores de la sociedad afirman que se trata de una vulneración a la privacidad en las comunicaciones establecidas en la Constitución Política del Estado con el pretexto de protección de los derechos del Estado, según el analista político Carlos Cordero.
“Parecería existir una vulneración constitucional de estos derechos, además propiciada por el gobierno y lo que hay que aclarar es qué instancias gubernamentales han cometido esta vulneración de los derechos ciudadanos con relación a la Constitución, y esta denuncia que ha hecho el señor Presidente, esta información que ha dado al país se enmarca también dentro de una preocupación ciudadana respecto de los frecuentes atentados estatales contra la libertad de expresión o la permanente actitud de ir restringiendo las posibilidades de los ciudadanos, de las organizaciones dedicadas a la comunicación, periodistas, medios, sindicatos de comunicación, que en los últimos meses y años han estado siendo víctimas de esta actitud estatal”, afirmó Cordero.
CRONOLOGÍA DE CONTRADICCIONES
Después de las declaraciones a los medios estatales por parte del primer mandatario, las autoridades gubernamentales incurrieron en una serie de contradicciones sobre la procedencia de las listas de llamadas telefónicas. En horas de la mañana, el viceministro de Coordinación con movimientos sociales, César Navarro, aseguró que las listas fueron obtenidas de forma legal, pero no explicó la procedencia.
En la tarde, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, descartó que se trate de pinchazos telefónicos y afirmó que sólo eran extractos de listas obtenidas por requerimiento fiscal.
Sin embargo, el fiscal Félix Peralta, consultado por Erbol sobre la remisión de la orden de requerimiento a la empresa telefónica Entel, no supo responder la fecha exacta de la misma. “Yo hago muchos requerimientos, no tengo en mente en qué fecha hago específicamente un (determinado) requerimiento, pero está ahí en el documento presentado, existen cargos”, dijo.
“Lo que hay que precisar es que no se está hablando de contenidos, se está hablando de extractos de llamadas, es decir, si hubo o no una llamada de un teléfono a otro, entonces no vemos ninguna vulneración de ningún derecho”, afirmó el fiscal.
Mientras, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia (Entel) se negó a informar sobre el detalle de los extractos de llamadas telefónicas.
El funcionario de la empresa estatal, Rubén Moya, arguyó que la información fue proporcionada de forma suficiente por las autoridades de Gobierno y se excusó de declarar.
RESPONSABILIDADES
El politólogo Carlos Cordero, manifiesta que le corresponde al presidente Morales, específicamente y en primera instancia, aclarar la relación de la información sobre el tema; en segunda, son los legisladores quienes deben interpelar el esclarecimiento de la denuncia y por último debe reglamentarse y aclarase cuáles son los derechos de los ciudadanos y cuales las atribuciones del Estado.
“Creo que es el Presidente el que ha comunicado al país, ha informado al país de estas conversaciones y no es el Ministro de Gobierno si no el Presidente quien tiene que aclararle al país como se ha logrado esta información, también es responsabilidad de la asamblea legislativa y la bancada oficialista y fundamentalmente la de oposición, exigir una aclaración al ministro del ramo, y que se determine como se ha obtenido esa información. Seguramente tendrá la Ley de Telecomunicaciones o en una ley especial pues que quede absolutamente claro cuáles son los derechos de los ciudadanos y en que posibilidad y que casos el estado puede abrir este tipo de investigaciones con escuchas telefónicas”, declaró Cordero.
El Diario
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