La lluvia que se inició anoche y siguió hasta hoy no permitió avanzar a la Octava Marcha Indígena, que se encuentra a 45 kilómetros de Yucumo, en Beni. El aguacero apagó todas las velas encendidas en memoria de Eddy Martínez Rivero, el cacique de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) fallecido en el accidente del avión de Aerocon, en Trinidad. “No podemos nosotros protestar por lo que pasa con la naturaleza. Creemos más bien que esta lluvia es una lágrima de nuestro hermano Eddy, que no ha podido lograr lo que él soñaba. No quería volver a su casa en un cajón. Quería volver sabiendo que nuestros derechos de los pueblos indígenas han sido realmente respetados, que ha dado respuesta el gobierno nacional a nuestras demandas”, dijo Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por donde el gobierno de Evo Morales quiere hacer pasar una carretera, motivo principal de la movilización de los 36 pueblos indígenas con rumbo a ciudad de La Paz.
Esta tarde dejó San Borja la ministra de Justicia, Nilda Copa, con lo que la escena del diálogo entre los marchistas y el gobierno quedó nuevamente vacía. “El gobierno nacional trata de engañar a la opinión pública y a la misma gente del TIPNIS, diciendo que está abierto al diálogo. Pero mantiene la intransigencia sobre el proyecto carretero, dice que no se modifica. Ante ello, la decisión de nosotros ha sido bien clara: no vamos a aflojar en la defensa del TIPNIS y vamos a evitar que lo destruyan”, dijo Adolfo Moye, de la comunidad Santísima Trinidad, al sur de su territorio.
La marcha tiene un pliego de 16 demandas, mayormente relacionadas con la intromisión del gobierno nacional y empresas privadas en los territorios indígenas para destruir o llevarse variados recursos naturales. El trazo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es el primero de los 16 puntos a tratarse. El gobierno pretende que el asfalto atraviese el TIPNIS y rechaza la posibilidad de hacerlo pasar por fuera del territorio, como exigen sus dueños yuracarés, mojeños y chimanes.
Hasta que esta demanda no sea resuelta, la octava marcha se niega a tratar el punto dos. Así hasta resolver las exigencias de los pueblos indígenas y cumplir con sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.
Mañana al amanecer la marcha espera –si no vuelve a llover- dejar Horeb, la localidad del pueblo Chimán a cuatro kilómetros de San Borja. Avanzarán hasta la comunidad La Embocada, a 25 kilómetros. Hoy, el tránsito hacia esa zona estaba imposibilitado por la lluvia fuerte, que hizo con el polvo del camino un pantano intratable. Esta noche el cielo empezó a despejarse y la luna casi llena volvió a meterse en los charcos. Muchos marchistas andaban aburridos de pasar la noche y el día mojados –a lo sumo humedecidos, atravesados por el viento frío.
A lo largo del día, se agregaron grupos de indígenas a la marcha, que ronda los 1500 participantes. La mayoría de los llegados son del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Desde el inicio de la marcha el 15 de agosto en la ciudad de Trinidad (incluso antes) el gobierno nacional se vale de los medios de comunicación públicos –también paga espacios en otros medios- para arrojar decenas de acusaciones contra las y los marchistas. Pero ninguna de las agresiones del gobierno nacional fue respaldada con las pruebas correspondientes. La última de las versiones –más insólita que las anteriores- indica que los marchistas viajan con armas en sus vehículos. El encargado de emitirla fue el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la provincia Ballivián, Heriberto Cazorla
“Le decimos al señor Cazorla que sea bien responsable con lo que dice. Nosotros en ningún momento estamos en son de guerra, no estamos en son de enfrentamiento. Nuestra marcha es pacífica, hasta aquí hemos llegado así y vamos a continuar así, de manera muy pacífica. Jamás hemos dicho ‘vamos a atacar a alguien, vamos a destrozar a alguien, a quien se ponga en el camino lo vamos a barrer’, jamás. El gobierno nacional ya no ha podido mostrar pruebas sobre las acusaciones de que USAID financia la marcha y todas esas cosas. Ahora dicen que tenemos camiones con armas, lo cual es totalmente falso. Nosotros vamos a exigirle a esta persona, a esta autoridad, que lo demuestre, que lo pruebe. De lo contrario, él está calumniando a los pueblos indígenas que estamos marchando”, dijo Vargas.
La octava marcha es encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el CONAMAQ, que representan a los 36 pueblos del país. Para llegar a la ciudad de La Paz todavía le falta caminar 365 kilómetros. Luego de que atraviesen el bloqueo de Yucumo, lo que reste de camino hasta el Palacio Quemado será en subida.
“Nos hemos reunido con los bloqueadores de Yucumo. Sin embargo, hay tozudez en ellos y creemos que tienen la misma posición del gobierno. Actualmente, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica hacen gestiones para que no haya agresiones en el momento de pasar por Yucumo. Ya nos han confirmado que hay 300 efectivos policiales allí para dar seguridad a todos los marchistas que pasemos. Hemos estado allá (en el bloqueo) y no hemos visto a más de 50 personas y creo que exagero con la cifra. Pero no creemos que la marcha vaya a ser atacada por los colonizadores. Jamás hemos pensado en eso y no pensamos que esto pueda suceder”, dijo el dirigente mojeño.
(Por Comisión de Comunicación)
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