El gobierno brasilero suspendió la liberación de fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), informó el diario Estadao.com.bo.
El 15 de febrero de
2011, el Estado Plurinacional de Bolivia y el BNDES suscribieron el
Contrato de Colaboración Financiera N. 10219991 por 332 millones de
dólares, destinados al financiamiento del Proyecto Carretero Villa
Tunari – San Ignacio de Moxos.
La ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro informó que la obra de 306 kilómetros demandará una inversión total de 415 millones de dólares. El 80 por ciento del costo será cubierto con el crédito brasilero y el Estado boliviano aportará los 83 millones de dólares restantes.
La carretera de vinculación entre Cochabamba y Beni constará de tres tramos; el primero entre Villa Tunari e Isinuta (47 kilómetros), el segundo entre Isinuta y Monte Grande (177 kilómetros) y el tercero entre Monte Grande y San Ignacio de Moxos (82 kilómetros).
El 6 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la Ley N. 112 que aprueba la contratación del crédito, y al día siguiente el Presidente Evo Morales promulgó la norma que señala que las operaciones del crédito serán cursadas mediante el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
El miércoles 28 de septiembre, el periodista del sitio www.estadao.com.br/home/ Lisandro Paraguassu reveló que el gobierno brasilero decidió congelar el crédito en respuesta las crecientes movilizaciones sociales en Bolivia en apoyo a la VIII marcha indígena, que exige la anulación del proyecto caminero.
El segundo tramo de la carretera atraviesa la zona núcleo del Isiboro Sécure, declarado parque nacional mediante Decreto 7401 el 22 de noviembre de 1965, y reconocido como territorio indígena el 24 de septiembre de 1990 por decreto 22610. En 2009 el gobierno de Morales entregó a los originarios del TIPNIS el título ejecutorial de esa TCO de más de un millón de hectáreas de extensión.
Según el artículo 352 de la nueva Constitución Política de Bolivia, el Estado debe consultar a los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada antes de explotar recursos naturales o construir mega infraestructuras en sus territorios ancestrales. Contrariando ese mandato constitucional, el gobierno de Morales diseñó la carretera sin el consentimiento de los dueños legítimos del TIPNIS.
Debido a la descomunal presión social, el Presidente Evo Morales se vio obligado el lunes a suspender las obras de construcción del tramo dos de la vía, y este miércoles se confirmó en Brasil que el crédito del BNDES sólo será liberado cuando el gobierno boliviano esté en condiciones de reanudar obras. (http://m.estadao.com.br/noticias/impresso,bndes-susta-financiamento-de
El gobierno brasilero esperará “una señal de cambio en la situación” para reanudar el financiamiento, y no participará en ninguna negociación. En su criterio, a Brasil no le corresponde opinar sobre el levantamiento indígena contra la carretera, un problema interno de Bolivia.
Ejecutivos del BNDES aclararon que esa institución financiera no cuenta con un procedimiento interno para la paralización de financiamiento; y precisaron que siguen esperando la liberación del derecho de vía para comenzar a desembolsar el crédito. Por tanto, no queda claro si la constructora OAS inició obras con el crédito brasilero o si está gastando los 83 millones de dólares de la contraparte nacional.
La ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro informó que la obra de 306 kilómetros demandará una inversión total de 415 millones de dólares. El 80 por ciento del costo será cubierto con el crédito brasilero y el Estado boliviano aportará los 83 millones de dólares restantes.
La carretera de vinculación entre Cochabamba y Beni constará de tres tramos; el primero entre Villa Tunari e Isinuta (47 kilómetros), el segundo entre Isinuta y Monte Grande (177 kilómetros) y el tercero entre Monte Grande y San Ignacio de Moxos (82 kilómetros).
El 6 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la Ley N. 112 que aprueba la contratación del crédito, y al día siguiente el Presidente Evo Morales promulgó la norma que señala que las operaciones del crédito serán cursadas mediante el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
El miércoles 28 de septiembre, el periodista del sitio www.estadao.com.br/home/ Lisandro Paraguassu reveló que el gobierno brasilero decidió congelar el crédito en respuesta las crecientes movilizaciones sociales en Bolivia en apoyo a la VIII marcha indígena, que exige la anulación del proyecto caminero.
El segundo tramo de la carretera atraviesa la zona núcleo del Isiboro Sécure, declarado parque nacional mediante Decreto 7401 el 22 de noviembre de 1965, y reconocido como territorio indígena el 24 de septiembre de 1990 por decreto 22610. En 2009 el gobierno de Morales entregó a los originarios del TIPNIS el título ejecutorial de esa TCO de más de un millón de hectáreas de extensión.
Según el artículo 352 de la nueva Constitución Política de Bolivia, el Estado debe consultar a los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada antes de explotar recursos naturales o construir mega infraestructuras en sus territorios ancestrales. Contrariando ese mandato constitucional, el gobierno de Morales diseñó la carretera sin el consentimiento de los dueños legítimos del TIPNIS.
Debido a la descomunal presión social, el Presidente Evo Morales se vio obligado el lunes a suspender las obras de construcción del tramo dos de la vía, y este miércoles se confirmó en Brasil que el crédito del BNDES sólo será liberado cuando el gobierno boliviano esté en condiciones de reanudar obras. (http://m.estadao.com.br/noticias/impresso,bndes-susta-financiamento-de
El gobierno brasilero esperará “una señal de cambio en la situación” para reanudar el financiamiento, y no participará en ninguna negociación. En su criterio, a Brasil no le corresponde opinar sobre el levantamiento indígena contra la carretera, un problema interno de Bolivia.
Ejecutivos del BNDES aclararon que esa institución financiera no cuenta con un procedimiento interno para la paralización de financiamiento; y precisaron que siguen esperando la liberación del derecho de vía para comenzar a desembolsar el crédito. Por tanto, no queda claro si la constructora OAS inició obras con el crédito brasilero o si está gastando los 83 millones de dólares de la contraparte nacional.
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